El Gobierno de Jalisco condenó la violación a su soberanía territorial y a la autonomía de los pueblos indígenas luego de que la presidenta municipal de El Nayar, Nayarit, Imelda Escobedo, ingresara de manera irregular a la comunidad wixárika de Tateikie, también conocida como San Andrés Cohamiata, ubicada en el municipio de Mezquitic, Jalisco, donde realizó actos de gobierno acompañada por integrantes de su gabinete y policías municipales.
“No vamos a permitir que ninguna persona de otro estado viole la soberanía y tampoco vamos a permitir que vengan a hacer promoción político-electoral, violando suspensiones otorgadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, advirtió el gobernador Pablo Lemus Navarro. En rueda de prensa, el mandatario jalisciense calificó como una “imprudencia” y una “falta grave” la actuación de la alcaldesa nayarita y adelantó que, de repetirse un hecho similar, “vamos a tener que detener personas”.
El ingreso de Escobedo y su comitiva violó una suspensión vigente dictada por la SCJN en el marco de la controversia constitucional 108/2018, promovida por el Gobierno de Jalisco contra un decreto del Gobierno de Nayarit que busca modificar los límites entre ambas entidades, afectando directamente al municipio de Mezquitic y al territorio de la comunidad indígena.
Dicha resolución judicial establece que ninguna autoridad puede realizar actos de gobierno ni intervenir en la zona en disputa mientras no se resuelva de fondo el juicio constitucional. En consecuencia, los gobiernos estatales deben mantener el reconocimiento de San Andrés Cohamiata como parte de Jalisco y abstenerse de nombrar autoridades o ejercer funciones administrativas.
Tras los hechos, la comunidad wixárika retuvo por varias horas a la alcaldesa, a miembros de su gabinete y a elementos de seguridad que la acompañaban. El Gobierno de Jalisco intervino de inmediato para instalar una mesa de diálogo, en la que participaron representantes del Gobierno de Nayarit y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Como resultado, la funcionaria y su comitiva fueron liberadas y escoltadas de regreso a su municipio por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
El Gobierno de Jalisco anunció que dará vista a la SCJN para que se determinen las responsabilidades legales de la presidenta municipal por el incumplimiento de la suspensión judicial y por invadir el territorio estatal.
Además, recordó que el pasado 13 de marzo la Corte ya había requerido al municipio de El Nayar dejar sin efecto el nombramiento de un juez auxiliar en esa misma comunidad, tras una solicitud presentada por el Gobierno de Jalisco desde enero.
La administración estatal reiteró su compromiso con la defensa de la soberanía, el respeto a los pueblos originarios y la vigencia del estado de derecho. También aseguró que se mantendrá una coordinación permanente con el Gobierno de Nayarit para evitar futuras violaciones a lo dictado por el máximo tribunal del país.
