El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, entregó al Congreso del Estado la iniciativa de reforma al Poder Judicial, la cual se distingue por haber sido construida a partir del consenso ciudadano y con la participación de especialistas en la materia.
El documento fue recibido en la Oficialía de Partes del Legislativo jalisciense y, de acuerdo con el mandatario estatal, se trata de una propuesta sin tintes partidistas, diseñada para garantizar la transparencia, la independencia y la profesionalización del sistema de justicia en la entidad.
“No es una reforma del gobernador ni de ningún partido político. Esta es una reforma de la sociedad, de la academia y de los expertos en derecho que participaron en su construcción”, afirmó Lemus Navarro.
La propuesta se nutrió de 22 foros abiertos en los que participaron más de 3 mil 500 personas, además de 330 propuestas recabadas de universidades, colegios de abogados, la iniciativa privada y la sociedad civil.
Uno de los principales ejes de la reforma es la eliminación de mecanismos de azar, como las tómbolas, en la selección de jueces y magistrados. En su lugar, se propone la conformación de comités de selección, exámenes de oposición y la evaluación de experiencia y probidad de los aspirantes. Además, se plantea la paridad de género en los procesos de selección, asegurando que el 50% de las candidaturas sean ocupadas por mujeres.
“En Jalisco no dejamos nada al azar. Queremos que lleguen los más preparados, las personas que realmente cuenten con el conocimiento y la independencia necesaria para impartir justicia”, sostuvo el gobernador.
La iniciativa contempla modificaciones a 24 artículos de la Constitución de Jalisco y la incorporación de 13 artículos transitorios. Entre sus innovaciones destaca la creación de una Sala Constitucional en el Supremo Tribunal de Justicia, una Sala Constitucional Protectora de Derechos Humanos y un Centro de Estudios Judiciales, que tendrá la tarea de diseñar e implementar programas de formación y certificación para el personal judicial.
Asimismo, la reforma prevé la integración del Tribunal de Justicia Administrativa al Poder Judicial del Estado, garantizando su autonomía orgánica y presupuestal. También se propone que los magistrados de este tribunal sean elegidos por voto popular en 2027, con la finalidad de fortalecer su legitimidad.
Al tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa requiere la aprobación de dos terceras partes del Congreso del Estado y la ratificación de la mayoría de los Ayuntamientos, es decir, 63 municipios.
Pablo Lemus hizo un llamado a las y los diputados locales para que analicen y enriquezcan la propuesta con el objetivo de alcanzar un consenso amplio. “Estamos abiertos a la discusión de ideas. Lo importante es construir un sistema de justicia confiable y eficiente para Jalisco”, subrayó.
La iniciativa ha sido respaldada por diversos sectores académicos y empresariales, incluyendo la Universidad ITESO, la UNIVA, la Universidad Panamericana, COPARMEX Jalisco y la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Jalisco, entre otras organizaciones.Con este proyecto, el gobierno de Jalisco busca marcar un precedente en el país al impulsar un modelo de justicia basado en la participación ciudadana y la transparencia institucional.
