Washington, Estados Unidos
“Las personas por ser migrantes no pierden sus derechos básicos” y la situación irregular “por sí sola no justifica una detención”, advierte Andrea Pochak, vicepresidenta de la CIDH, crítica con la política migratoria de Estados Unidos y El Salvador.
Esta argentina de 51 años también es relatora de movilidad humana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Pregunta: ¿Las expulsiones de migrantes impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump se saltan los estándares de derechos humanos de la CIDH?
Respuesta: No solamente, sino los estándares internacionales y también de Naciones Unidas. De todas maneras hay que tener en cuenta que estas políticas migratorias adoptadas en Estados Unidos a través de la gestión de Trump no son absolutamente nuevas sino que se inscriben en una tendencia desde hace muchos años.
No quisiera dejar a entender que en políticas anteriores la gestión de Estados Unidos era excelente. La novedad es la crudeza, la exposición pública, la falta de control judicial, el atropello a las decisiones judiciales.
La Comisión interamericana es muy clara en cuestionar estas políticas (…) Nos preocupa mucho la situación de las expulsiones masivas que no permiten que cada persona pueda hacer valer sus derechos. Algunas personas tienen documentación regular, estatus de refugiado…
Nos preocupa mucho que Estados Unidos ha interrumpido el programa de relocalización de refugiados. Solo se podrá recibir a las personas que se asimilen a la cultura y a la sociedad estadounidense, como si los extranjeros debieran asimilarse (…) El concepto de asimilación es muy contrario al derecho a la igualdad.
P: ¿Cómo valora que cientos de venezolanos fueran expulsados a El Salvador bajo la acusación de ser pandilleros sin un juicio?
R: Expulsó también a personas de otras nacionalidades. No existe ninguna prueba de que las personas expulsadas pertenezcan a una pandilla, hay que ver caso a caso, por eso las expulsiones masivas están prohibidas por el derecho internacional.
En el caso de personas que han sido expulsadas a El Salvador no se conoce dónde están y eso puede ser un supuesto de desaparición forzada, aunque sea momentánea hasta que el Estado esclarezca su situación.
No hay información oficial, no hay transparencia, no tienen comunicación con su familia, con sus abogados…
P: ¿Han pedido explicaciones al gobierno de Trump?
R: Estamos haciendo seguimientos específicos, que son reservados en este momento. Tenemos intercambios tanto con El Salvador como con Estados Unidos y también con Panamá.
P: El Salvador ¿ha vulnerado su deber como miembro de la OEA al prestarse a a encarcelar a migrantes expulsados?
R: Los países tienen la facultad de definir sus políticas migratorias pero no pueden ser contrarias a los compromisos internacionales en derechos humanos.
Hay varios derechos humanos en peligro.
En el caso de Estados Unidos hay expulsiones que pudieron ser arbitrarias. En el de El Salvador hay compromisos que pueden estar en peligro porque cuando un país detiene a una persona esa detención debe estar justificada.
La situación irregular migratoria por sí sola no justifica una detención. Tendrá que explicar cuáles son los motivos para que estén detenidas y garantizar condiciones dignas de detención. Las personas por ser migrantes no pierden sus derechos básicos.
P: ¿Teme que el pulso de la administración Trump a los jueces ponga en peligro la división de poderes?
R: Hemos llamado la atención sobre el debate fuerte que existe en Estados Unidos en materia de independencia judicial (…) Ha habido declaraciones de altas autoridades políticas que implican un hostigamiento sobre las autoridades judiciales y además se han incumplido deliberadamente algunas decisiones judiciales. Esta tensión es una situación nueva en Estados Unidos.
P: ¿Considera la política del gobierno estadounidense contra algunas universidades una injerencia en la libertad académica?
R: Sí. La Comisión interamericana ha llamado la atención sobre la vulneración a la libertad académica en Estados Unidos.
P: Caso el presidente Trump recorte o retire los millones que Estados Unidos otorga anualmente a la CIDH, ¿harán concesiones? ¿Cambiarán de política?
R: No, la Comisión no va cambiar de política en función del financiamiento que reciba o no, ni de principios (…) Es independiente.
La Comisión recibe un apoyo de Estados Unidos que es voluntario, así como fondos regulares de la OEA.
Estados Unidos ha sido uno de los principales aportantes voluntarios. Con la administración de Trump, al suspenderse el financiamiento de toda la cooperación internacional, los fondos fueron suspendidos durante dos meses pero se volvió a recibir autorización para usarlos.
Estados Unidos ha puesto algunas condiciones. Por ejemplo no se pueden usar en asuntos vinculados con la diversidad sexual pero la Comisión tiene recursos para trabajar estas temáticas con otros fondos.
erl/mel
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