Firma Enrique Alfaro la promulgación del decreto a la reforma constitucional que permitirá a Jalisco revisar cada 6 años el Pacto Fiscal y replantear la relación presupuestal que sostiene con la Federación al considerarla injusta, decisión emanada de la consulta pública que se efectuó a las y los ciudadanos jaliscienses en los pasados meses de noviembre y diciembre de 2021.
Los resultados a favor de la revisión fiscal de dicha consulta, son el medio del cual ratificó el Gobernador del Estado se planteará el Gobierno de México recibir los presupuestos y tratos justos para la entidad.
“La relación fiscal con la Federación se fue complicando en los últimos años. Es sin duda un paso central en la consolidación de Jalisco como un líder y un referente nacional en la defensa del Federalismo”, expresó Alfaro Ramírez.
A través de sus redes sociales desde Los Ángeles, California, donde lleva a cabo la gira de trabajo para la atracción de inversiones y encuentro con migrantes, el mandatario estatal se dijo contento siendo que hoy Jalisco cumple 199 años de ser un estado libre y soberano.
La iniciativa de reforma constitucional fue aprobada en el Congreso del Estado de Jalisco y en la mayoría de los ayuntamientos.
Añadió que se cumple con el compromiso de lucha con la Federación para construir un acuerdo fiscal que respete los principios federalistas, por los cuales se ha defendido en todo momento a Jalisco ya que es la cuarta economía más grande del país, siendo que el estado aporta 8 de cada 100 pesos a la economía nacional, pero el Gobierno Federal solo regresa 2 de cada 100 pesos del presupuesto nacional.
“Queremos recibir un trato correcto, no queremos salirnos del Pacto Fiscal, queremos construir un nuevo acuerdo que le sirva al pueblo de Jalisco”, ratificó.
Al ser mayoría el sí en la pasada consulta, hoy legalmente se da pie a que cada 6 años Jalisco se siente con el Gobierno Federal para discutir cuánto dinero de los impuestos se va al Gobierno Federal y cuándo regresan a Jalisco, esto con el fin de que estados y municipios tengan recursos para cumplir con sus obligaciones y obras prioritarias en materia social y de infraestructura.
