- El hackeo de Guacamaya Leaks a la SEDENA reveló un contrato por 23 millones de pesos a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett, hijo del titular de la CFE.
El nombre de León Manuel Bartlett Álvarez vuelve a mencionarse en los contratos poco transparentes que se han realizado durante la actual administración federal de Andrés Manuel López Obrador.
Como parte de la información que ha salido a la luz tras el hackeo de Guacamaya Leaks a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se descubrió un contrato otorgado para la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de Bartlett Álvarez, por 23 millones de pesos, firmado el 30 de diciembre de 2019 para el servicio de mantenimiento integral plurianual 2020-2023 a equipos médicos de la marca Intuitive.
Aunque quedó asentado en el número DN-10-SAE/104/P/PL/2019, dicho contrato no se publicó en la Plataforma Nacional de Transparencia, ni en el portal de CompraNet, el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados.
Los correos filtrados a la SEDENA contienen oficios en los cuales requieren de Cyber Robotics Solutions para capacitar médicos y otorgar servicio de mantenimiento a equipos médicos de la marca Intuitive.
Este contrato tendría vigencia de 42 meses y hasta el momento se conocen cinco facturas de este contrato, que suman 16 millones 921 mil 415 pesos; con los servicios pendientes, el total sería de 23 millones de pesos.
En mayo de 2020, el hijo de Manuel Bartlett Díaz, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue exhibido en una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad por un contrato de 31 millones de pesos de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Dicha cantidad se pagó para adquirir 20 ventiladores respiratorios en las instalaciones del IMSS en Hidalgo. Ante esta adjudicación a sobreprecio, el 31 de agosto, la Secretaría de la Función Pública (SFP) solicitó en el Diario Oficial de la Federación a las instituciones del Gobierno federal, entidades federativas y municipios que se abstuvieran de celebrar contratos con Cyber Robotic Solutions.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia Administrativa suspendió la inhabilitación de 21 meses a la que se había hecho acreedora.
