Un taller y conversatorio centrado en la implementación del Acuerdo de Escazú, tratado internacional que busca garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la protección de las personas defensoras del medio ambiente en América Latina y el Caribe, fue realizado esta semana por parte del Gobierno de Jalisco con el objetivo de fortalecer el derecho a un medioambiente sano y el acceso a la justicia ambiental.
El evento, organizado por la Consejería Jurídica estatal, se realizó en el Palacio de Gobierno y reunió a juezas, funcionariado, integrantes de la sociedad civil y especialistas en derechos humanos y medioambiente. Durante la jornada se presentaron los Apuntes para la Implementación del Acuerdo de Escazú y se discutieron mecanismos judiciales para enfrentar los conflictos socioambientales que afectan a la región.
“Que la academia, la sociedad civil y los involucrados en la impartición de justicia puedan conversar y debatir sobre el acceso a la justicia ambiental me parece relevante para tomar mejores decisiones”, señaló Salvador Zamora Zamora, secretario general del Gobierno de Jalisco.
En su intervención, la consejera jurídica Tatiana Anaya Zúñiga subrayó que el reconocimiento del medioambiente como un derecho humano obliga a las autoridades a transformar sus políticas públicas con base en los tratados internacionales. “No se trata solo de reflexionar, sino de actuar para que los acuerdos internacionales permeen en la vida cotidiana de las personas”, afirmó.
Entre los temas abordados destacó la urgencia de garantizar el acceso a la justicia para grupos históricamente excluidos, como pueblos indígenas, comunidades rurales e infancias, así como el fortalecimiento de las capacidades institucionales para responder a los retos del deterioro ambiental.
El conversatorio contó con la participación de figuras clave como Sandra Saldaña, jueza de Distrito; María González Valencia, coordinadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); y Kitzia Manríquez y Mayra López, integrantes de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La implementación del Acuerdo de Escazú, dijeron las y los participantes, representa una oportunidad concreta para avanzar en la democracia ambiental, la transparencia y la protección efectiva de quienes defienden el territorio en Jalisco y en todo el país.
