INVESTIGAN ESCUELA DE PARAMÉDICOS POR DENUNCIAS DE ACOSO

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14 de octubre de 2022

  • Autoridades dieron a conocer posibles casos de hostigamiento sexual e iniciaron la investigación en contra de tres servidores públicos tapatíos.
  • Derivado de las denuncias, se investiga también el funcionamiento de la Escuela de Paramédicos por posibles irregularidades.

La Contraloría Ciudadana y la Coordinación General de Construcción de Comunidad, investigan posibles casos de hostigamiento sexual ejercidos supuestamente por tres funcionarios públicos. En todos los casos los hechos pudieran constituir faltas administrativas por violencia en razón de género.

Se detalló que se presentaron al menos seis escritos a manera de denuncias anónimas de hostigamiento sexual a alumnas del Centro de Enseñanza y Capacitación de la Atención Prehospitalaria, conocida como Escuela de Paramédicos.

La dependencia indicó que, de los tres servidores públicos, dos están vinculados a hostigamiento sexual y uno más por la falta de aplicación del protocolo correspondiente.

Como medida cautelar, desde el inicio de la investigación, se determinó la reubicación de las tres personas involucradas y se solicitó su expediente laboral: de éstas dos cuentan con una antigüedad laboral de 16 años y otra más de 3 años.

Debido a dichas denuncias, también se presume que esta escuela había estado funcionando de manera irregular por más de 30 años, ya que no se ha encontrado el acuerdo de creación, al menos en la búsqueda que han realizado de las autoridades que hoy en día están presentes.

La Escuela de Paramédicos se empleaban recursos públicos, se emitían convocatorias de ingreso con logotipos del gobierno municipal y los propios paramédicos daban las clases.

Estas acciones constituyen posibles faltas administrativas graves por desvío de recursos públicos, cohecho por el cobro de cuotas irregulares a las y los alumnos, así como abuso de funciones.
 
Lo anterior conllevaría posibles sanciones para los responsables que van desde la suspensión en el cargo desde 30 a 90 días, destitución del cargo, o sanción económica e inhabilitación del servicio público de uno a 10 años.



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