La justicia en México entró en una etapa de incertidumbre, tras unas inéditas elecciones de jueces marcadas por el abstencionismo e inquietudes sobre la independencia judicial y la relación económica con Estados Unidos.
Con una participación de entre 12% y 13%, el domingo fueron elegidos 2 mil 680 funcionarios, desde los ministros de la Suprema Corte que serán anunciados este lunes, hasta jueces de primera instancia, un caso único en el mundo.
Entre los miles de candidatos había antiguos abogados de la mafia, como Silvia Delgado, quien en 2016 asesoró al narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán, preso en Estados Unidos.
Esas postulaciones alimentaron sospechas sobre una posible injerencia de políticos y criminales en el poder judicial.
Las inquietudes alcanzan la vital relación con Estados Unidos de cara a la revisión del acuerdo comercial T-MEC, prevista para este año, según la firma británica Capital Economics.
La elección impulsada por el oficialismo de izquierda “puede complicar” estas negociaciones, advirtió la consultora, en medio de las presiones arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a México y Canadá.
Pero la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó el lunes un impacto económico, al señalar que la moneda se mantuvo estable y la inversión extranjera directa alcanzó 21 mil 400 millones de dólares en el primer trimestre de 2025.
Ahora “no va a tener que estar soltando cantidades de dinero para obtener la resolución” de un caso, añadió, refiriéndose al sector privado.
Legal pero no legítima
El Instituto Nacional Electoral anunciará gradualmente a los ganadores hasta el 10 de junio.
La Suprema Corte fue la manzana de la discordia que llevó a Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a impulsar la elección de jueces mediante una enmienda constitucional.
El tribunal bloqueó varios proyectos de López Obrador, por lo que éste y Sheinbaum acusan a ministros salientes y otros jueces de defender intereses corruptos, de una impunidad que supera el 90% y de nepotismo.
“No es una reforma que busque mejorar el sistema de justicia, sino capturarlo”, dijo a AFP Juan Jesús Garza, especialista de la UNAM.
La izquierda controla el Legislativo y la mayoría de gobernaciones de la segunda economía latinoamericana. Tres ministras del Supremo actual, afines al gobierno, lideran la votación.
Los comicios no requerían un mínimo de participación para ser válidos, pero el alto abstencionismo debilita el argumento de que los ciudadanos anhelaban elegir a sus jueces, opina Garza.
“Por más que la elección sea válida en lo jurídico, en lo político y en lo ético va a ser muy difícil defenderla“, advierte este doctor en filosofía del derecho.
Sheinbaum defendió el lunes que los 13 millones de mexicanos que votaron son más representativos que los senadores que antes escogían a los ministros del Supremo de ternas enviadas por el gobierno.
Sin cambios a la vista
Las elecciones estuvieron signadas por la confusión ante la multiplicidad de boletas y extensas listas de candidatos.
El escaso conocimiento de los aspirantes también genera dudas sobre su idoneidad. Además, algunos fallos podrían retrasarse pues los nuevos jueces recién asumirán funciones en septiembre.
“La justicia no va a cambiar de la noche a la mañana (…) Por el contrario, va a retrasarse todavía más en lo que se asignan los puestos”, advierte Garza.
No obstante, también existe la posibilidad de que muchos funcionarios del actual poder judicial, que participaron en los comicios, conserven sus puestos.
“El mejor escenario sería que tengamos jueces y magistrados de carrera judicial comprometidos”, comentó a AFP el exmagistrado Carlos Soto. Otros 4 mil jueces serán elegidos en 2027.
Los partidos opositores, muy debilitados, habían llamado al abstencionismo al advertir que los comicios consolidarían un “régimen autoritario”.
Por su parte, Sheinbaum, quien el lunes cumplió un año de ser elegida y disfruta de una popularidad de 70%, denunció que salientes jueces favorecieron recientemente a decenas de miembros del crimen organizado.
Problema complejo
Expertos coinciden en que la reforma judicial no ataca las raíces del problema, en un país donde cada año se registran unos 30 mil homicidios y hay más de 120 mil desaparecidos por la violencia del narcotráfico.
Para Juan Jesús Garza, se deben mejorar las capacidades investigativas de las desbordadas fiscalías y multiplicar los defensores públicos para los sectores más empobrecidos.
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