El gobierno de Donald Trump “contempla seriamente” la posibilidad de suspender el derecho de una persona a impugnar ante los tribunales su detención, informó este viernes un alto cargo de la Casa Blanca, en plena ofensiva antimigratoria.
Trump considera que el país sufre una “invasión” y ha prometido expulsar a millones de migrantes en situación irregular, a los que llama “criminales” por haber entrado sin visa ni permiso.
Pero las medidas migratorias adoptadas por su administración desde que regresó a la Casa Blanca en enero, sobre todo sus expulsiones aceleradas, se han topado con el rechazo de muchos tribunales y de jueces que exigen un debido proceso para los migrantes.
Exasperada, la Casa Blanca explora otras vías para esquivar el freno legal.
“La Constitución es clara, y esa, por supuesto, es la ley suprema del país, al establecer que el privilegio del recurso de habeas corpus puede suspenderse en caso de invasión”, declaró a periodistas el subdirector de gabinete de políticas de la Casa Blanca, Stephen Miller.
“Así que es una opción que estamos contemplando seriamente”, añadió. “Depende en gran medida de si los tribunales hacen lo correcto o no”, dijo.
El ‘habeas corpus’ es una garantía jurídica que exige que una persona detenida comparezca ante un juez para determinar si su arresto es legal.
Suspender el ‘habeas corpus’ podría permitir al gobierno prescindir de los procedimientos de expulsión individuales y acelerar las deportaciones, pero es casi seguro que la medida acabaría en los juzgados y probablemente ante la Corte Suprema.
En Estados Unidos se ha suspendido en contadas ocasiones, como durante la Guerra Civil de 1861-1865 y tras el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941.
El presidente republicano invocó en marzo la ley de enemigos extranjeros de 1798, usada hasta entonces solo en tiempos de guerra, para enviar a presuntos pandilleros venezolanos de la banda Tren de Aragua a una megaprisión en El Salvador.
Un juez federal de Texas consideró “ilegal” el uso que el presidente Trump hace de esta ley del siglo XVIII.
La Corte Suprema y varios tribunales federales han paralizado temporalmente las expulsiones en virtud de esta norma, alegando que los migrantes deben tener la oportunidad de impugnar legalmente su expulsión ante las cortes.
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