La Suprema Corte de México ordenó este miércoles liberar a una mujer presa desde hace 19 años por un sonado caso de secuestro, al considerar que las pruebas para su condena a casi ocho décadas de cárcel fueron obtenidas mediante tortura.
Se trata de Juana Hilda González, quien fue condenada en 2011 por el rapto y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda de Wallace, una empresaria y activista recientemente fallecida y que, según investigaciones periodísticas, tenía grandes influencias en altos círculos políticos.
El máximo tribunal avaló un recurso de amparo que concedió a González “protección constitucional” y ordenó “su inmediata y absoluta libertad”, informó la Defensoría Pública Federal, el ente estatal que asumió su defensa, en un comunicado.
En la sentencia, la Suprema Corte consideró que la confesión de González “no fue libre ni voluntaria, sino obtenida mediante presiones, intimidaciones y amenazas” mientras se hallaba bajo custodia de las autoridades.
“Por ello, se declaró la nulidad de su declaración y de cualquier otra prueba derivada con violación a sus derechos humanos”, agregó la defensoría.
“El proyecto aprobado (la sentencia) confirma los estándares sobre presunción de inocencia y la prohibición absoluta de la tortura“, añadió.
La Corte estimó además que las pruebas restantes resultan insuficientes para demostrar la responsabilidad de la mujer.
Según la defensoría, la sentencia “debe tener efectos inmediatos” en los casos de otras cinco personas que continúan siendo procesadas por el crimen de Wallace, ocurrido en 2005, y cuyas acusaciones se basan en las mismas pruebas anuladas.
La oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) saludó el fallo y destacó que reivindica la importancia del debido proceso y la prohibición de la tortura como forma de obtención de evidencia.
“Esta sentencia debe alentar una revisión independiente e imparcial de otros procesos penales similares, a fin de reparar a más víctimas”, agregó ONU-DH en sus redes sociales.
La sentencia se conoce diez días después de que México celebrara por primera vez elección para designar mediante voto popular a todos sus jueces, incluidos los de la Suprema Corte.
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