- Las familias de los estudiantes desaparecidos hacen una fuerte crítica al gobierno de López Obrador tras incumplimiento de su compromiso por esclarecer los hechos en su campaña de 2018.
- El caso de Ayotzinapa ha dado a conocer la crisis de desapariciones que existe en el país.
El 26 de septiembre de 2014, cerca de 100 estudiantes salieron en cinco autobuses a la ciudad de Iguala con el fin de recaudar dinero para asistir a la manifestación del 2 de octubre que conmemora la masacre del 68 en Tlatelolco, Ciudad de México. Esa misma noche, la policía municipal reprendió violentamente a los estudiantes por razones desconocidas. Como consecuencia, resultaron 6 personas muertas, 25 heridas y desaparecen 43 normalistas.
Los padres reportan a los estudiantes como desaparecidos el 27 de septiembre y más tarde, ese mismo día, localizan el cuerpo sin vida de Julio César Mondragón Fontes, estudiante de 22 años. Como respuesta, la policía culpa a los miembros del cártel de Guerreros Unidos, posteriormente son arrestados 22 policías por su presunta participación en el crimen.
Según las primeras declaraciones de los detenidos, los policías habían actuado bajo las órdenes del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, para que los jóvenes no interrumpieran un evento del DIF realizado por su esposa, María de los Ángeles Pineda. Abarca pide licencia el 30 de septiembre y el primero de octubre se da a la fuga.
Cuatro días después, Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República, toma el mando de la investigación. Por su parte, al no confiar en la policía, las familias de los estudiantes solicitaron la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense en el caso. La organización acepta y se incorpora a la investigación.
El 6 de octubre miles de manifestantes se reunieron en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir la resolución del caso y el regreso de los normalistas. Después, entre el 10 y el 15 de octubre se localizaron 10 fosas clandestinas en las zonas cercanas al lugar de los hechos donde se encontraron restos humanos, pero ninguno parecía coincidir con los estudiantes desaparecidos.
El 17 de octubre capturaron a Sidronio Casarrubias, líder del cártel Guerreros Unidos, adicionalmente anuncian el arresto de 14 policías y el hallazgo de tres fosas más. Posteriormente, el 22 de octubre, el procurador Jesús Murillo Karam declara prófugo al alcalde de Iguala y a su esposa, señalados como presuntos culpables de ordenar el ataque contra los estudiantes, mismos que fueron detenidos el 4 de noviembre. A su vez, el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero renunció al día siguiente.
Fue hasta el 29 de octubre, cuando el entonces presidente de la república, Enrique Peña Nieto, se reunió por primera vez con las familias de los normalistas y prometió intensificar la búsqueda.
El 27 de enero de 2015 es presentada la versión de los hechos aceptada por el gobierno conocida como “la verdad histórica“, que explica que los estudiantes habían sido secuestrados, asesinados e incinerados por integrantes del cártel Guerreros Unidos. Sin embargo, actualmente se encuentra descartada.
A su vez, se ha comprobado que los jóvenes fueron desaparecidos en grupos, también se confirmó la participación del ejército. Por otra parte Comisión de la Verdad divulgó mensajes telefónicos que indican una manipulación de restos de los estudiantes en las instalaciones del batallón de Iguala.
El 6 de septiembre la investigación tomó un giro, luego de que el GIEI denunció irregularidades en las investigaciones realizadas por la PGR y las autoridades de Guerrero. También cuestiona “la verdad histórica”
El 18 de agosto de 2022 el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ) publicó un informe que confirma que la desaparición forzada de los estudiantes normalistas en Iguala fue un crimen de estado. Además, dio a conocer detalles sobre la responsabilidad militar en la desaparición forzada.
Nueve años después de los hechos las familias de los jóvenes lamentan que el presidente Andrés Manuel López Obrador, lejos de esclarecer lo sucedido, se dedique a proteger al Ejército que, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ha ocultado información de inteligencia.
Según un recuento de Santiago Aguirre, director del Centro Prodh y abogado de los padres de los normalistas, 50 personas han sido encarceladas, entre ellas cuatro militares, el exprocurador Murillo Karam, así como policías. Sin embargo, debido a las torturas de los testigos y otras irregularidades, algunos procesados han sido absueltos de algunos cargos, pero siguen presos por otros.
Ayotzinapa no es un crimen del pasado, se trata de una lucha incansable de familiares, en compañía de organizaciones de la sociedad civil, que han dado a conocer la crisis de desapariciones en el país. Este 26 de septiembre se marcará otro año de lucha sin acceso a la verdad y la justicia.
El gobierno de López Obrador se encuentra en la recta final y las familias se dicen decepcionadas luego del incumplimiento del presidente, quien se comprometió a llegar a la verdad durante su campaña presidencial de 2018. A estas alturas, los afectados reconocen que poco se puede resolver.
