- Por cuatro votos a favor y cinco en contra, la Suprema Corte de Justicia determinó que estas normas locales que castigan la interrupción del embarazo atentan contra los derechos de las mujeres.
La primera sala de la Suprema Corte determinó el pasado miércoles que las mujeres podrán impugnar las leyes de estados que castigan el aborto, lo que abre la puerta a una despenalización a nivel nacional.
Por cuatro votos a favor y cinco en contra, la instancia legal determinó que estas normas locales que castigan la interrupción del embarazo atentan contra los derechos de las mujeres.
“La sola calidad de mujer o persona con capacidad de gestar es suficiente para reclamar mediante juicio de amparo la inconstitucionalidad de artículos que penalicen el aborto”, informó la Suprema Corte en un comunicado.
El aborto voluntario ha sido despenalizado en 11 de los 32 estados del país, siendo la capital la primera jurisdicción latinoamericana en autorizarlo en 2007. La mayoría lo permite hasta las 12 semanas.
Con el fallo de este miércoles, las mujeres que vivan en estados donde aún es castigado y sin importar si están embarazadas o requieren este procedimiento podrán promover de manera individual recursos legales, lo que autoriza de facto el aborto a nivel nacional.
Penalizar la interrupción del embarazo, añadió el comunicado, atenta contra los derechos de la mujer “a la autonomía reproductiva, a la vida, a la no discriminación, la salud y la integridad personal”.
El ministro que promovió este proyecto, Jorge Pardo dijo que resultaba “una indignidad” que las mujeres sean sometidas a una persecución penal para poder decidir sobre sus cuerpos.
En 2016, el máximo tribunal rechazó avalar otro proyecto que declaraba inconstitucional artículos del código penal federal que castigan el aborto, con lo que se hubiera despenalizado en todo el país.
Y aunque organizaciones civiles y la misma Suprema Corte reconocen a los estados que lo han legalizado, señalan que no en todos se han dado los pasos necesarios para acceder a este procedimiento en instituciones de salud pública.
Según datos oficiales, el uso de píldoras es el método más utilizado en México para inducir el aborto antes de las 12 semanas.
Organizaciones civiles han creado una red para hacer llegar estos medicamentos a mujeres de todo México e incluso de Estados Unidos, donde numerosos estados han prohibido o limitado el aborto luego de que en 2022 la Suprema Corte estadounidense revirtió un fallo de 1973 que lo reconocía como un derecho constitucional.
